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Boletín de noticias 6 de diciembre de 2011
EL TIEMPO
PONENCIA QUE ABSOLVÍA A ALFONSO PLAZAS VEGA FUE DERROTADA
Dos de los tres magistrados de la sala votaron contra la ponencia que revocaba la condena.
La condena de 30 años de prisión contra el coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia está a un paso de quedar en firme: el pasado 29 de noviembre, una ponencia que lo absolvía fue derrotada en el Tribunal Superior de Bogotá por dos votos contra uno.
Ahora, ese tribunal redacta una ponencia para ratificar la sentencia de la juez tercera de Bogotá, que ya cuenta con el respaldo de la mayoría de la sala de decisión que estudió el caso.
La ponencia original, redactada por el magistrado Hermes Darío Lara, señalaba presuntos vacíos en el proceso que llevó a la condena.
En esencia, el proyecto de fallo apuntaba a que no había pruebas directas que vincularan al oficial, que está preso hace cuatro años, con las desapariciones de diez empleados de la cafetería y de la guerrillera Irma Franco, quienes sobrevivieron a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 y de cuyo paradero no se tiene noticia desde entonces.
Los otros integrantes de la sala, los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, votaron en contra de la ponencia absolutoria, mientras que Lara dejó constancia de su salvamento de voto (oposición) frente a la decisión de la mayoría.
Una vez el Tribunal ratifique la condena, esta solo podría revisarse a través de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, que no obligatoriamente asumiría la revisión.
Fuentes consultadas por ELTIEMPO.COM señalaron que los magistrados discutieron intensamente algunos de los que llamaron "casos especiales", entre ellos el del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez. Se trata del grupo de desaparecidos sobre los que se encontraron después indicios de que habían salido vivos del palacio.
En el caso de Rodríguez, hay un video en el que se ve a una persona que, según sus familiares, era Carlos. La sala también debatió la idoneidad de los testigos estrella de la Fiscalía en el caso, como el ex policía Ricardo Gámez, quien trabajó con inteligencia del Ejército, y del cabo Édgar Villamizar, quien ahora asegura que nunca entregó el testimonio en el que habló de torturas a los desaparecidos en instalaciones militares.
El caso de Plazas se encuentra para decisión de segunda instancia en el Tribunal desde el 13 de julio del 2010, tiempo en el que se examinaron 42.465 folios. La discusión del fallo empezó en julio pasado y se revisó incluso el informe sobre los restos óseos hallados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá, donde, según la defensa de varios de los militares acusados, estarían algunas de las víctimas que aún no aparecen.
Plazas Vega está preso desde el 16 de julio del 2007, por lo que ya ha cumplido cuatro años y medio de la condena a 30 años. Por el caso, el general Jesús Armando Arias Cabrales, también retirado, fue condenado a 35 años de prisión.
ONG indaga por caso del coronel (r.)
El filósofo brasileño Olavo de Carvalho, presidente del Inter-American Institute, envió al Tribunal Superior de Bogotá una carta con 20 preguntas sobre el caso de Plazas Vega.
Carvalho afirma que la comunidad internacional está "expectante"
por conocer el fallo.
El presidente de la ONG, que tiene sede en Estados Unidos, cuestiona las pruebas que llevaron a la condena en primera instancia y asegura que las dudas sobre el testimonio del cabo Édgar Villamizar son razón suficiente para ordenar la libertad del coronel.
"La negativa a otorgarle la libertad al coronel Plazas rebasa todas las normas humanitarias existentes", afirma.
CONDUCTORES BORRACHOS PERDERÍAN LA LICENCIA DURANTE 10 AÑOS
Proyecto que castiga a quien maneje embriagado fue aprobado en segundo de cuatro debates.
Una reforma al Código de Tránsito fue aprobada en la tarde este lunes en la plenaria del Senado, en la cual se establece que habrá una suspensión de hasta 10 años de la licencia de conducción de quienes sean hallados manejando en estado de embriaguez.
El proyecto, que fue aprobado en segundo debate y que pasa ahora a discusión en la Cámara, también establece una multa de 45 salarios mínimos legales para quienes conduzcan borrachos.
La iniciativa, de origen parlamentario, establece que si un conductor es reincidente, podrá incluso hasta perder de por vida su licencia.
“Cualquier persona que consuma así sea una sola cerveza debería estar incapacitada para conducir cualquier tipo de vehículo, incluso si se tratara de una bicicleta”, dijo la senadora Alexandra Moreno Piraquive, una de las autoras del proyecto.
Se establecen tres grados de embriaguez en la iniciativa, y dependiendo de cada uno se impone la suspensión de la licencia. El primero, genera una suspensión de 1 a 2 años, el segundo, de 2 a 4 años; y el tercero, de 4 a 10 años.
Sin embargo, la iniciativa aclara que se deberá reglamentar cuántos grados de alcohol serán tenidos en cuenta para delimitar los tres estados de embriaguez.
“En un término no superior a 30 días contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes grados de estado de embriaguez”, dice el texto aprobado en segundo debate este lunes.
FISCAL VISITARÁ LAS PAVAS TRAS ESCÁNDALO POR SUPUESTAS FALSAS VÍCTIMAS
Viviane Morales, anunció que viajará el 8 de diciembre para constatar "personalmente" lo ocurrido.
Tras el escándalo por las supuestas falsas víctimas de desplazamiento de la finca Las Pavas (Bolívar), la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, anunció que viajará el 8 de diciembre a la zona para constatar "personalmente" lo ocurrido.
También confirmó que la Fiscalía abrirá investigación para saber si antes del 2006 hubo éxodo de campesinos por la amenaza de grupos armados ilegales.
"Aunque se compruebe que no hubo desplazamiento en este predio, el proceso de extinción de dominio por abandono que adelanta el Incoder seguirá", dijo Morales.
Viviane Morales dijo que el tema de las 'falsas' víctimas en Las Pavas fue analizado por la fiscal de Cartagena por hechos registrados en el 2009 y no se estudió la situación de desplazamiento que se habría registrado en los años anteriores, puntualmente, en el año 2003.
Morales, sostuvo que luego de analizar el tema durante largas horas se decidió abrir una investigación que evalúe que pasó en la zona antes del 2009, para establecer si se registraron otros hechos de violencia y desplazamiento que no están en el expediente.
La Fiscal contó que el viernes en la tarde se reunió con Miriam Martínez Palomino y hoy lunes con el padre Francisco de Roux y con el decano de derecho de la Universidad Javeriana, quienes les han prestado asesoría a los campesinos de Las Pavas.
Después de la conversación concluyó que "es deber de la Fiscalía mirar un poco más hacia atrás" para revisar los desplazamientos del año 2003, de los cuales afirmó no se relacionan con la decisión de la Fiscal de Cartagena quien había archivado la investigación por desplazamiento y quien hizo sus pasadas declaraciones basándose en los hechos del 2009.
Morales señaló que la investigación que la fiscal de Cartagena cerró sobre el desplazamiento de las Pavas, es archivada con base en una investigación de una denuncia en el 2009, ligada a una operación de desalojo de un inspector de Policía, teniendo en cuenta que en el 2011 uno de los supuestos campesinos desplazados se retracta.
Con esta visita que se hará con la jefe de Unidad de Desplazamiento, se revisará el caso y aunque Morales afirmó que no hay una denuncia por desplazamiento en el 2003, con base en lo conocido por la Opinión Pública se encargará de analizar lo dicho sobre la hacienda.
Sobre la compulsa de copias contra las organizaciones que ayudaron a las víctimas desplazadas, Morales afirmó que estas seguirán con su curso normal, además, se iniciarán investigaciones por fraude procesal contra las personas que se han retractado y quienes supuestamente han mentido.
La fiscal también aclaró que aunque que se comprobara que no hubo desplazamiento, el proceso de extinción de dominio podría seguir su curso para que a las víctimas se les entreguen el predio.
La Fiscal también advirtió que de acuerdo a lo dicho por la fiscal Miriam Martínez Palomino, estas tierras no tendrían ninguna relación con Pablo Escobar.
Fiscal había negado desplazamiento en su primera intervención sobre Las Pavas
El primero de diciembre la Fiscal Viviane Morales se basó en la investigación de Miriam Martínez Palomino, una fiscal de Bolívar, para señalar que el desplazamiento de 123 familias de la hacienda Las Pavas nunca existió y que en los hechos participaron supuestas falsas víctimas y ONG que intentaron lucrarse con la restitución. También se acogió al testimonio de Pedro Moreno Redondo quien en el año 2009 denunció el desplazamiento y el 15 de junio de este año se retractó y aseguró que todo había sido una farsa.
Sin embargo, se ha conocido que en el años 2003 sí existió una denuncia ante la Personería del Peñón, cuando los miembros de la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (Asocab) señalaron que habían sido víctimas de desplazamiento de Las Pavas por parte del Bloque Central Bolívar de las Auc.
Entre tanto, el ministro del Interior, Germán Vargas, anunció que la justicia está a punto de tomar decisiones por las denuncias de la Superintendencia de Notariado sobre robo de tierras. "Es probable que se avance en la captura de notarios y de registradores que participaron de manera delincuencial en la usurpación de tierras", dijo.
EL ESPECTADOR
TRIBUNAL CONFIRMARÍA CONDENA CONTRA ALFONSO PLAZAS VEGA
Aunque la ponencia proponía revocar la sentencia, mayoría en la Sala está por la confirmación.
Si a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia.
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que se dispone a decidir la apelación interpuesta por la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a la sentencia en su contra por los hechos del Palacio de Justicia, se encuentra mayoritariamente a favor de confirmarla.
Fuentes de entero crédito confirmaron a Elespectador.com que sería una decisión dividida pues uno de los tres miembros de la sala, el magistrado Hermes Darío Lara, es partidario de que se rechace la condena contra el militar retirado.
El magistrado Lara, en efecto, presentó su ponencia el pasado 28 de noviembre y, según las mismas fuentes, en ella acogía las tesis de la defensa en el sentido de que no existen pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por el delito de desararición forzada. Sus dos compañeros de sala, sin embargo, no piensan igual.
Elespectador.com consultó con la defensa del coronel (r), que dijo no conocer que hubiera fallo todavía y que, por estar detenido, Plazas Vega debe ser informado de cualquier decisión el mismo día en que se produzca.
El coronel (r) Plazas, como se sabe, fue condenado el 9 de junio de 2010 a 30 años de prisión por la juez tercera especializada de Bogotá María Stella Jara, decisión que fue apelada hace más de un año.
NO CESA LUCHA CONSERVADORA POR ABOLIR ABORTO EN COLOMBIA
El nuevo presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dijo que no descarta la presentación del referendo para acabar con esa práctica.
El Partido Conservador anunció que seguirá intentando acabar con todas las prácticas del aborto autorizadas en Colombia.
El nuevo presidente del Partido, senador Efraín Cepeda Sarabia, dijo que seguirá defendiendo el derecho a la vida.
En ese sentido, Cepeda señaló que no está descartado impulsar el referendo para acabar con las excepciones del aborto.
“Vamos a mirarlo y ahora se va a estudiar con la Iglesia Católica y los miembros del Partido”, explicó.
Actualmente, en Colombia el aborto es legal cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando existe malformación fetal y cuando el embarazo ha sido producto de una violación.
El legislador indicó que de momento también van a instalar una serie de consejos encaminados a establecer cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos.
“Vamos a continuar en nuestra senda de continuar para mejorar los índices de pobreza”, afirmó el congresista.
A mediados de octubre, la comisión primera del Senado hundió el proyecto del Partido Conservador que buscaba acabar de manera definitiva con la práctica del aborto.
Los argumentos en defensa de la abolición de las excepciones del aborto (cuando está en riesgo la vida y salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de violación), no fueron válidas para la mayoría de los legisladores.
Con una votación de nueve en contra y siete a favor del proyecto, la comisión hundió la iniciativa. Por eso, es incierta la suerte de un posible referendo.
GOBIERNO NO QUIERE QUE CORTES ELIJAN O NOMINEN PROCURADOR, CONTRALOR Y REGISTRADOR
Ante la revelación de El Espectador de una presunta ‘revancha’ del Congreso con la rama judicial, el ministro Germán Vargas Lleras defendió que esa idea es originaria del Gobierno.
os ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia (designado), Juan Carlos Esguerra, tras radicar la reforma a la justicia en el Senado.
¿La 'revancha' del Congreso?
El Gobierno Nacional defendió este lunes la totalidad del proyecto de reforma a la justicia que está en trámite.
Ane la aprobación que hizo la Comisión Primera de la Cámara para cambiar a través de ese acto legislativo la manera de elegir registrador, contralor y procurador, marginando a la Rama Judicial, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, recordó que esa idea es originaria del Gobierno.
“De ustedes quienes miren el proyecto que radicó el Gobierno desde el primer momento eliminaba las facultades nominadoras de las altas cortes (…) la Cámara acogió ese criterio y a instancias de varios representantes se introdujeron esas modificaciones”, señaló Vargas.
En su criterio, no se les puede llamar ‘micos’ a esos cambios en la función de las cortes de nominar y elegir en los organismos de control porque “quien haya examinado el proyecto radicado por el ministerio encontrara que el Gobierno considera útil la eliminación de las funciones nominadoras que hoy tienen las altas”.
Para Vargas Lleras esa facultad “no ha sido útil para la justicia y ha contribuido a su politización".
“Sería más bien útil preguntarles a las Corte porqué quieren conservar funciones nominadoras”, aseguró el funcionario.
Finalmente, el Gobierno le recordó a las Corte que su decisión de cambiar la fórmula para cambiar la elección en los órganos de control “no hace relación a ningún funcionario en particular” que haya sido elegido por los tribunales.
FISCAL GENERAL ABRIÓ NUEVA INVESTIGACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE LAS PAVAS
Se busca establecer si se presentaron falencias en las denuncias presentadas por campesinos por desalojos antes de 2006.
Ante las nuevas denuncias por irregularidades sobre el caso del desplazamiento de la Hacienda Las Pavas, la fiscal General, Viviane Morales viajará este jueves al sur de Bolívar con el fin de recibir nueva documentación por las denuncias del presunto desalojo de campesinos en esta región antes de las 2006.
Esta decisión se tomó luego de las reuniones llevadas a cabo entre el viernes y el lunes con la fiscal de Cartagena Myriam Martínez y el padre Francisco de Roux, quienes le manifestaron la necesidad de establecer qué pasó en realidad en los años anteriores a 2006.
“Iniciamos esta investigación desde cero, no vamos a empezar con especulaciones”, haciendo referencia a la posibilidad de las denuncias que existen sobre presuntas presiones de un grupo de palmicultores para sacar a las personas que recibieron estas tierras.
Según Morales Hoyos se habla de referencias a un presunto desplazamiento desde 2003 en la fincal Las Pavas, hecho que no está registrado en la decisión de la fiscal de Cartagena, que solamente menciona temas relacionados con las denuncias de 2009. "Esta decisión se respeta y consideramos que es necesario abrir una nueva investigación".
En los últimos días se ha conocido una denuncia hecha en 2003 por la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (Asocab) en las que manifestaron haber sido víctimas de desplazamiento por parte del Bloque Central Bolívar de las Auc.
Un caso que deberá tenerse en cuenta en el proceso investigativo emprendido por la propia fiscal será el establecimiento de la existencia de un desplazamiento, o por si el contrario lo que se registró en Las Pavas fue una extinción de dominio por parte de organismos estatales.
“Aún cuando no hay desplazamiento, puede haber extinción de dominio por parte del Incoder y del Ministerio de Agricultura. Pues no se puede confundir la posibilidad de darles tierra a los campesinos a través de las leyes agrarias, que señalan como causales de la extinción haber explotado un bien con fines sociales, aquí no se podría hablar de desplazamiento”, precisó la Fiscal General.
La jefe del ente investigador aclaró que “las personas que ya presentaron denuncia y se retractaron, se iniciará investigaciones por fraude procesal y falso testimonio”, haciendo expresa referencia al caso de Fernando Pedro Moreno.
El desplazamiento de las Pavas se encuentra en el ojo del huracán después de la revelación de una fiscal de Cartagena en la que se manifestó que "existen varias irregularidades en la denuncia de 123 familias" quienes habrían mentido sobre su condición apoyados por ONG con el fin de lucrarse con la restitución económica por parte del Gobierno.
¿REFORMA JUDICIAL A CIEGAS?
Por: Rodrigo Uprimny
¿No sería mejor esforzarse por lograr información confiable y un diagnóstico sólido sobre nuestro sistema judicial, en vez de ponerse a reformarlo casi a ciegas?
Hago esta pregunta pues no veo cuáles son los estudios, con información precisa, que han servido de base para el proyecto de reforma constitucional a la justicia que cursa en el Congreso.
Lean la exposición de motivos del Gobierno: encontrarán consideraciones separadas sobre distintos temas (como la tutela contra sentencias o el juzgamiento a los congresistas); algunos de estos análisis son relativamente buenos, pero no hay una interpretación global acerca del funcionamiento del sistema judicial ni qué pretende exactamente la reforma. Y a pesar de eso hablamos de una reforma integral y constitucional a la justicia.
Un buen ejemplo de la falta de información tiene que ver con los gastos de la justicia. El texto aprobado en los primeros debates señala que el presupuesto de la rama judicial crecerá en un 2% por encima de la inflación esperada y que en los siguientes cinco años se asignará un billón de pesos para la descongestión judicial. Pero nadie sabe muy bien de dónde salieron esas cifras. Es posible, incluso probable, que la rama judicial requiera más recursos. Pero ¿es realmente así? ¿Son esos los dineros requeridos? No es claro.
A favor de los reformadores, habría que decir que las cifras y diagnósticos serios sobre el sistema judicial colombiano no abundan. Hay algunas investigaciones importantes sobre ciertas dinámicas judiciales. Incluso en Dejusticia hemos intentado avanzar en este campo. Pero el sistema judicial es una de las instituciones menos estudiadas y en donde, sobre todo, existe menos información pública y confiable.
Esta carencia de información se debe, en parte, a que hoy son los propios actores del sistema judicial quienes tienen la responsabilidad de recolectar y hacer públicos esos datos. Así, la Fiscalía recoge y publica datos sobre su actividad y lo mismo hace el Consejo Superior de la Judicatura con respecto a los jueces.
Este diseño parece razonable por razones de independencia judicial, pero lo cierto es que ha funcionado mal. Estas dos instituciones no han cumplido bien su tarea. Además, como cada una recoge información por su lado, en muchos casos sus datos no son compatibles. Finalmente, el esquema ha generado un incentivo perverso: la Fiscalía y el Consejo Superior parecen haber cedido en ocasiones a la tentación de no hacer públicas aquellas informaciones que podrían servir para criticar su gestión. El resultado de todo eso es que hoy la información judicial pública es deficiente y poco confiable.
Deberíamos entonces esforzarnos por mejorar nuestra información y comprensión del sistema judicial colombiano, antes de reformarlo precipitadamente. Termino pues con algunas ideas para avanzar en esa dirección.
Por lo menos, deberíamos exigir que tanto el Consejo Superior como la Fiscalía produzcan y divulguen una información realmente confiable. Pero podríamos pensar en que la actual reforma se limitara a crear una institución independiente del Gobierno y de la Rama Judicial, encargada de la sistematización y publicación de la información judicial. Y que dos años después, con mejor información, creemos una especie de “Misión sobre la Justicia”, como ha habido en otros campos, que elabore un diagnóstico sólido e independiente sobre el sistema judicial, que sirva de base para una reforma seria.
Algunos dirán que esta propuesta tiene un sesgo académico y que la reforma judicial no puede esperar tanto. Pero tal vez sea mejor esperar un poco y hacer una buena reforma, que improvisar a ciegas. Sobre todo cuando al proyecto le cuelgan cosas tan desafortunadas como la ampliación al fuero militar.
EL NUEVO SIGLO
CONGRESO ELEGIRÁ A LOS MISMOS MAGISTRADOS DEL ACTUAL CNE
Para enmendar el error que le costó que la elección del Consejo Nacional Electoral para el período 2010-2014 fuera tumbada por el Consejo de Estado, hoy el Congreso se reúne en pleno para hacer una nueva votación. Los partidos que tienen representación en ese organismo presentaron como candidatos a los actuales magistrados, lo que garantiza su escogencia.
En este sentido, los partidos que integran la Mesa de Unidad Nacional (coalición a favor del gobierno del presidente Juan Manuel Santos) se quedarán con 8 de las nueves plazas disponibles en el organismo.
La única sorpresa que se podría presentar hoy en esta elección sería con el cupo que actualmente tiene el Partido de Integración Nacional (PIN), con el magistrado José Joaquín Plata.
A esta curul le apuntaría el Partido Conservador, que actualmente tiene dos magistrados y quiere llegar a tres, así como el Polo Democrático y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), hoy sin representantes en el máximo organismo en materia electoral, pero que reclaman el derecho que creen tener como minorías para estar en el CNE.
El pasado 21 de octubre el Consejo de Estado declaró nula la elección de los integrantes del actual CNE, que hizo el Congreso en el año 2010, al considerar que al acudir al voto secreto se violó la Constitución que regula el sistema de bancadas. En consecuencia el Alto Tribunal ordenó al legislativo hacer una nueva elección a través del voto nominal y público, aunque moduló los efectos del fallo considerando que en ese momento faltaban nueve días para las elecciones territoriales y que luego el CNE tenía a cargo todo el proceso del escrutinio.
En consecuencia estableció que los actuales magistrados seguirán cumpliendo con sus funciones hasta el 15 de este diciembre.
Las cuentas
Los diferentes partidos escogieron a sus candidatos a la elección del CNE por decisión de las respectivas bancadas de Senado y Cámara.
El Partido Social de Unidad Nacional (La U) inscribió a los mismos tres magistrados que tiene en el actual CNE, que la hace la colectividad con mayor representación en el organismo, en consonancia con igual condición que ostenta en el Congreso: Luis Bernardo Franco, Pablo Gil y Óscar Giraldo.
El Partido Liberal inscribió a los dos actuales magistrados que tiene: Joaquín José Vives (actual presidente) y Gilberto Rondón.
En tanto que el Partido Conservador inscribió los mismos candidatos que presentó en la elección de 2010: Nora Tapia Montoya, Juan Pablo Cepero y Jorge Mantilla. Los dos primeros lograron su elección.
En consecuencia, con la reiteración de la candidatura de Mantilla, el Partido Conservador intentará lograr los votos suficientes que le aseguren una tercera plaza en el CNE, es decir la que tiene el PIN.
Por su parte, Cambio Radical inscribió a su actual magistrado Carlos Ardila; al igual que el PIN inscribió a esta elección al magistrado José Joaquín Plata.
En tanto que el Mira postuló a la abogada Carol Inés Villamil.
Mientras que la bancada del Polo fue citada para las 8 de la mañana de hoy por parte del presidente de la colectividad Jaime Dussán con el fin de escoger el candidato que presentará a la elección, entre cuatro aspirantes: Rodolfo Arango, Patricia Bejerano, Olimpo Guerra y Luis Carlos Domínguez.
El año anterior de forma sorpresiva el PIN logró sumar cuatro votos a los 20 propios y dos de las negritudes con los que contaba. De esta forma derrotó por un voto a la lista que en coalición presentaron el Partido Verde, el Polo y los indígenas.
En esa oportunidad se especuló que esos cuatro votos provinieron de congresistas de partidos de la Mesa de Unidad Nacional, a pesar de que no consideran al PIN como parte de la coalición.
En consecuencia el PIN espera revalidar esos votos; sin embargo habrá que esperar si con una votación nominal de por medio la Mesa de Unidad Nacional le da la mano.
En tanto que el Polo buscará que el Partido Verde, que no presentó candidato a esta elección, y los indígenas apoyen su candidato.
Sin embargo el primer enemigo que deberá vencer el Polo está en sus propias filas, si no logra vencer la división que se vive en la bancada de Senado. Con este fin, la semana anterior sus legisladores se reunieron con las directivas del partido y llegaron a un principio de acuerdo para votar hoy unidos por el candidato de la colectividad.
“PERTINENTE” QUE CORTE NO NOMINEN: VARGAS
De pertinente calificó el ministro del Interior Germán Vargas la supresión de las facultades nominadoras de altos funcionarios que tienen las altas Cortes, aprobado en el tercer debate del proyecto de reforma a la Justicia.
“El Ejecutivo considera pertinente la eliminación de las funciones nominadoras de las altas Cortes, ya que no han sido útiles para la Justicia, pues han contribuido, en algunos casos, a su politización”, aseguró.
De esta manera, el jefe de la cartera política les salió al paso a las críticas que varios magistrados han hecho contra este aspecto de la Reforma a la Justicia, y manifestó que el proyecto no tiene ningún mico.
Actualmente las altas Cortes conforman las listas para elegir el Procurador, Contralor, Registrador y Auditor General, y la Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de una terna enviada por el Presidente de la República.
“El proyecto que radicó el Gobierno, desde el primer momento eliminaba las funciones nominadoras de las altas Cortes. De manera que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes acogió ese criterio y, a instancias de varios congresistas, se introdujo esa modificación, por tal razón no se le puede llamar mico”, aseguró Vargas Lleras.
El ministro señaló que esta modificación no hace referencia a ningún funcionario en particular y agregó que “sería bien útil preguntarles a las altas Cortes por qué quieren conservar funciones nominadoras”.
Desde el año pasado, varios magistrados han defendido las funciones nominadoras de las altas Cortes, argumentando que ello garantiza la imparcialidad e independencia del funcionario a escoger.
Sus presidentes se han mostrado en contra de otros temas de la reforma, como el de otorgarle funciones jurisdiccionales a abogados y notarios, pues según ellos, esto privatizaría el acceso a la administración de Justicia.
Se espera que en la última semana de las sesiones ordinarias del Congreso, la plenaria de la Cámara de Representantes le dé el cuarto debate a la iniciativa, y así evitar que se hunda.
NUEVA SALA DE GOBIERNO EN JUDICATURA NO VA A FUNCIONAR: BONIVENTO
El ex líder de la comisión de reforma judicial aseguró que crear tribunal adscrito a Cámara en reemplazo de Comisión de Acusación, rompe autonomía de Rama.
La nueva Sala de Gobierno que conformará el nuevo Consejo Superior de la Judicatura, en reemplazo de la Sala Administrativa, va a ser inoperante. Así lo dijo el ex líder de la comisión de reforma judicial en el Gobierno anterior, José Alejandro Bonivento.
EL NUEVO SIGLO: ¿Le parece apropiado la creación de un tribunal integrado por magistrados que reemplace la Comisión de Acusación?
JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO: Si ese tribunal pertenece al Legislativo, no pueden ser sus integrantes magistrados sino funcionarios de instrucción, porque un tribunal tiene que estar asignado a la Rama Judicial. Eso es desvertebrar la estructura de los poderes públicos, porque crear magistrados que dependan del Legislativo, que tengan funciones jurisdiccionales y que no sean de la Rama Judicial, rompe la autonomía de la Rama.
ENS: ¿Usted era partidario de eliminar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?
JAB: Nosotros cuando estudiamos la reforma no nos metimos con ese tema. El problema no es que ellos instruyan, lo importante es que lo hagan, que trabajen. Lo malo es que como ellos son del Legislativo, no atienden funciones jurisdiccionales. Si hay una comisión que sea cumplida, no se necesita nombrar magistrados, ni instructores que cubran esas funciones.
ENS: ¿Le suena que hayan eliminado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y hayan reforzado su Sala Disciplinaria?
JAB: El proyecto del Gobierno contemplaba eliminar la Sala Disciplinaria, y ahora resultó lo contrario, dejan la Sala Disciplinaria y crean un órgano de administración que llaman Sala de Gobierno con muchas facultades, pero que no va a poder funcionar con esa estructura amplísima que tiene, va a traer el desorden, el caos, la inoperancia, en vez de mejorar vamos a empeorar. Yo soy partidario de eliminar la Sala Disciplinaria, porque pienso que a los abogados los deben juzgar los abogados, porque los funcionarios judiciales deben ser juzgados disciplinariamente por los mismos funcionarios y no por otro órgano, y por consiguiente esa Sala Disciplinaria no tendría funciones. Soy partidario de fortalecer el órgano de administración o de gobierno que, en mi sentir, es donde está la verdadera razón de la reforma. Un órgano que regule, que administre y gobierne.
ENS: ¿Qué opina de dejar la investigación de los congresistas en manos de la Fiscalía y no de la Corte Suprema de Justicia?
JAB: Esa propuesta no es del todo mala. El investigador por Constitución es el Fiscal, que en primera instancia sea el Tribunal Superior de Bogotá y que la apelación la conozca la Corte Suprema, no me parece un desatino; al contrario, tiene cierta coherencia, porque lo que interesa es la doble instancia.
ENS: Sin embargo, hay quienes dicen que la Fiscalía no podrá realizar dicha función por falta de recursos y personal…
JAB: Eso no es razón para decir que no se puede hacer. Si no hay dinero y quieren hacer una reforma, entonces para qué hacerla; al contrario, hay que fortalecer es presupuestalmente el aparato judicial, llámese la Rama Judicial o la Fiscalía. Lo curioso es que el Tribunal (de Bogotá) va a decir que los van a recargar de trabajo, pero lo importante es que hay un fuero especial y se debe cumplir la doble instancia.
ENS: ¿Está de acuerdo con otorgarles a notarios y abogados funciones jurisdiccionales?
JAB: Eso parece inoperante. Es más fácil que con recursos se nombren los jueces, no de descongestión, que cumplan en cinco años esa labor, porque es una emergencia. Los notarios tienen funciones jurisdiccionales pero no de controversia, sino en procesos voluntarios. No dañen a los árbitros, ni a los conciliadores y no pongan a los abogados a ser jueces y a la vez ser abogados, eso no tiene sentido, eso es incoherente.
FUEROS Y DESAFUERO
Por: Hugo Quintero Bernate
Tal parece que la adopción de una norma que crea como ficción jurídica la presunción constitucional de que todo ilícito cometido por un miembro activo de las FF.AA. es siempre un acto del servicio y por tanto de competencia de la Justicia Penal Militar, es una decisión irreversible de las mayorías que componen la Unidad Nacional en el Congreso Nacional. La disposición aprobada ha sido vendida -¿o comprada?- por la derecha más recalcitrante como el “restablecimiento” del fuero militar, cuando es lo cierto que jamás ha desaparecido.
Semejante esfuerzo legislativo, mediático y monetario para ambientar la supuesta necesidad de “restablecer” el fuero militar en la forma y términos en que lo quieren tener quienes creen que su actual existencia y entendimiento es la que impide un clamoroso triunfo militar sobre la subversión, parece inútil, porque como toda ficción, terminará derrotada por la realidad.
Por mucho que el precepto en vía de aprobación quede inserto en la Constitución, no significa que la norma sea constitucional. Para empezar, va en contravía con la estructura de investigación y juzgamiento que la propia Constitución define. También contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde hace bastante tiempo ha señalado que todas las jurisdicciones distintas de la ordinaria son excepcionales y sólo aplican en defecto de aquella, de modo que los hechos siempre deben ser investigados por los fiscales ordinarios y sólo si se establece fehacientemente que cabe alguna de las competencias excepcionales, debe remitirse a ella.
Pueden hacerse muchas normas, disponiendo muchas cosas, pero dudo mucho que por vía de una regla interna, así sea constitucional, pueda derogarse la realidad de la jurisdicción penal internacional, o el concepto de los delitos de lesa humanidad o el entendimiento casi universal de que todos esos hechos están excluidos del amparo del fuero militar.
Quienes se dicen amigos de un fuero militar extendido, alegan que lo hacen en protección de las FF.AA. cuando es obvio que la mejor manera de protegerlas es excluyendo de sus filas y de su influencia a todos esos casos aislados que avergüenzan a quienes, ante todo, son mujeres y hombres de honor.
Y podrían hacerle un mejor favor al fuero militar, si empiezan por separar la línea de mando de la de administración de justicia. Eso precisamente es lo que ha hecho tan deleznable la Justicia Penal Militar, la falta de independencia y autonomía de sus jueces, que no pueden fallar conforme a derecho, a las pruebas y a su leal saber y entender, sino de acuerdo con los intereses de su inmediato superior jerárquico, que no siempre coinciden con los de la justicia.
Mucho me temo que quienes quieren evitarles a los militares y policías el mal trago de enfrentar la jurisdicción ordinaria -sesgada en muchos casos, que todo hay que decirlo- van a terminar con un remedio peor que la enfermedad, pues probablemente han olvidado que la “justicia aparente” es una de las circunstancias que habilita la competencia de la Corte Penal Internacional.
CARACOL RADIO
NO HAY MICOS EN REFORMA JUDICIAL: GOBIERNO
El Gobierno Nacional respondió de esta forma a las críticas de las altas cortes que aseguraban que era un ‘mico’ que se pretendiera quitarle las capacidades nominadoras y electoras del Fiscal y el Procurador en la reforma a la justicia.
El ministro el Interior, Germán Vargas, aseguró que “quienes conocen el proyecto desde el primer momento se pueden dar cuenta” que allí se eliminan funciones nominadoras de las altas cortes y en el último debate en la Cámara se acogió ese concepto.
“No se le puede llamar mico porque quien desde el primer momento haya examinado el proyecto, encontrará que el Gobierno considera útil la eliminación de las funciones nominadoras de las altas cortes”, señaló Vargas, quien afirmó que mantener esta función ha contribuido “en muchos casos” a la politización de los altos tribunales.
Vargas manifestó que la eliminación no es una revancha contra los funcionarios de las cortes, e instó a que los magistrados revelen porqué quieren conservar las funciones nominadoras.